Términos y condiciones

Estas condiciones generales regulan la contratación de los servicios profesionales prestados por Miguel Zumaquero Bernal (nombre comercial Zumaquero Dev), con NIF 77193245R y domicilio en C/ Espiritu Santo 23, Coín (29100), Málaga, a través del sitio web https://zumaquerodev.es o de cualquier otro canal de contacto (correo electrónico, teléfono o reunión).

Los servicios incluyen el diseño y desarrollo de webs corporativas, tiendas online, aplicaciones móviles, así como planes de mantenimiento, soporte técnico y consultoría relacionada.

En caso de contradicción entre estas condiciones generales y el presupuesto o contrato firmado para un proyecto concreto, prevalece siempre lo pactado en el presupuesto o contrato.

Ningún trabajo comienza sin un presupuesto previo y aceptado. El presupuesto detalla el alcance, los entregables, el precio, la forma de pago y el plazo estimado, y tiene una validez de 30 días naturales desde su emisión salvo que se indique otra cosa.

La aceptación del presupuesto puede realizarse por escrito, incluido el correo electrónico, y equivale a la aceptación de estas condiciones generales. A partir de ese momento el encargo se considera formalizado y se reserva la disponibilidad en el calendario de trabajo.

El diagnóstico gratuito ofrecido en la web es un servicio informativo y sin compromiso: no genera obligación de contratar para el cliente ni obligación de ejecutar el proyecto para el prestador.

Los precios publicados en la web tienen carácter orientativo e indican un punto de partida (“desde”); el precio definitivo es siempre el del presupuesto aceptado, que se fija en euros.

Salvo indicación expresa en contrario, los importes se entienden sin IVA, que se añade en la factura al tipo legalmente vigente. Cuando proceda, se aplicará la retención de IRPF correspondiente si el cliente es empresario o profesional obligado a practicarla.

No están incluidos en el precio, salvo mención expresa, los costes de terceros necesarios para el proyecto: dominio, alojamiento, licencias de software o de plantillas, imágenes de banco, cuentas en pasarelas de pago, servicios de correo o comisiones de tiendas de aplicaciones. Se informará de ellos antes de contratarlos.

Salvo pacto distinto en el presupuesto, los proyectos se abonan mediante transferencia bancaria en dos pagos: un primer pago al aceptar el presupuesto, que reserva la disponibilidad y da inicio a los trabajos, y el resto a la entrega, antes de la puesta en producción o de la publicación final.

Los proyectos de mayor duración pueden fraccionarse en pagos ligados a hitos, según se recoja en el presupuesto.

Los planes de mantenimiento se facturan por meses y se abonan por adelantado. Las horas incluidas en cada plan se consumen dentro del mes natural y no se acumulan al mes siguiente. Cualquier trabajo que exceda las horas del plan se presupuesta aparte y no se factura sin aprobación previa del cliente.

El retraso en el pago de una factura vencida faculta al prestador a suspender los trabajos y el soporte hasta su regularización, y a reclamar los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales cuando el cliente no sea consumidor.

Los plazos indicados en el presupuesto son estimaciones de buena fe y se cuentan desde que se cumplen dos condiciones: recepción del primer pago y entrega por parte del cliente de todo el material necesario (textos, imágenes, logotipos, accesos a dominios, alojamiento y servicios de terceros).

El cliente se compromete a designar un interlocutor, a responder a las consultas y validaciones en un plazo razonable y a garantizar que dispone de los derechos sobre los materiales que facilita. Los retrasos imputables al cliente amplían el plazo de entrega en la misma medida.

Cada presupuesto incluye una ronda de revisiones sobre los entregables, salvo que se indique un número distinto. Los cambios que amplíen el alcance acordado se tratan como trabajo adicional y se presupuestan aparte antes de ejecutarse.

Se considera que el proyecto ha sido entregado y aceptado cuando el cliente lo valida por escrito o, en su defecto, transcurridos quince días naturales desde la puesta a disposición del entregable sin objeciones motivadas.

Una vez abonado el importe total del proyecto, el cliente adquiere los derechos de explotación sobre el código y los diseños desarrollados específicamente para él, para su uso sin límite temporal ni territorial dentro de su actividad. Hasta el pago completo, los derechos permanecen en poder del prestador.

Quedan excluidos de esa cesión los componentes de terceros y el software libre incorporados al proyecto, que se rigen por sus propias licencias, así como las herramientas, librerías internas y conocimientos técnicos previos del prestador, que puede seguir reutilizando en otros proyectos.

El prestador se reserva el derecho a mencionar el proyecto y a mostrar capturas del resultado en su portafolio y en comunicaciones profesionales, salvo que el cliente manifieste por escrito su oposición o exista un acuerdo de confidencialidad que lo impida.

Todo proyecto incluye un periodo de garantía de 30 días naturales desde la entrega para la corrección sin coste de errores achacables al desarrollo realizado.

La garantía no cubre nuevas funcionalidades, cambios de alcance, fallos provocados por modificaciones hechas por el cliente o por terceros, caídas o cambios en servicios externos, ni problemas derivados de no aplicar las actualizaciones recomendadas. Esas situaciones se atienden dentro de un plan de mantenimiento o mediante presupuesto puntual.

Si el cliente cancela un proyecto ya iniciado, se facturará el trabajo efectivamente realizado hasta la fecha de cancelación y el primer pago no será reembolsable, al haber reservado disponibilidad y haberse dedicado tiempo al encargo.

Los planes de mantenimiento no tienen permanencia mínima: pueden cancelarse comunicándolo por escrito con al menos quince días naturales de antelación a la siguiente renovación mensual, sin penalización alguna.

Cualquiera de las partes puede resolver la relación en caso de incumplimiento grave de la otra que no se subsane en un plazo razonable tras el requerimiento correspondiente. El prestador podrá además resolver el encargo si el cliente le solicita actuaciones contrarias a la ley o a estas condiciones.

Cuando el cliente contrata a distancia como consumidor, es decir, fuera de su actividad empresarial o profesional, dispone de un plazo de catorce días naturales desde la formalización del encargo para desistir del contrato sin necesidad de justificación, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU).

Para ejercerlo basta con comunicarlo de forma inequívoca a miguelzumaquerobernal@gmail.com. Si el cliente ha solicitado expresamente que los trabajos comiencen dentro de ese plazo, deberá abonar la parte proporcional del servicio ya prestado en el momento del desistimiento; y perderá el derecho a desistir si el servicio se ha ejecutado por completo dentro de ese plazo con su consentimiento previo expreso.

Los clientes que contratan como empresa, autónomo o profesional no tienen derecho de desistimiento, al no ostentar la condición legal de consumidor.

El prestador responde de la correcta ejecución técnica de los servicios contratados. No responde de los resultados comerciales del cliente (ventas, posicionamiento o tráfico), que dependen de múltiples factores ajenos al desarrollo, ni de los fallos, caídas o cambios de condiciones de servicios de terceros contratados directamente por el cliente.

Ambas partes se comprometen a mantener la confidencialidad de la información no pública a la que accedan con motivo del proyecto, y a no divulgarla ni usarla para fines distintos de su ejecución. Cuando el prestador acceda a datos personales responsabilidad del cliente, actuará como encargado del tratamiento y se firmará el contrato de encargo previsto en el artículo 28 del RGPD.

El cliente es responsable de que los contenidos y materiales que aporta sean lícitos y de que dispone de los derechos necesarios sobre ellos, y mantendrá indemne al prestador frente a reclamaciones de terceros derivadas de dichos contenidos.

Estas condiciones se rigen por la legislación española. Las partes intentarán resolver de buena fe cualquier discrepancia antes de acudir a la vía judicial.

Cuando el cliente sea consumidor, serán competentes los juzgados y tribunales de su domicilio. Puede además acudir a los sistemas de resolución alternativa de litigios en materia de consumo: las juntas arbitrales de consumo y las oficinas municipales de información al consumidor, o la Red de Centros Europeos del Consumidor (ECC-Net) si reside en otro Estado miembro. La antigua plataforma europea de resolución de litigios en línea (ODR) dejó de estar operativa el 20 de julio de 2025 tras el Reglamento (UE) 2024/3228, por lo que ya no es una vía disponible. En el resto de casos, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Málaga capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.